Con la autorización a la donación y compraventa de viviendas en Cuba se colocó al mercado como un actor protagónico en la redistribución de ese activo tan sensible social y económicamente. En mi apreciación, es la medida más liberalizadora que se ha adoptado en la isla en los últimos años.
Los alcances de la medida son variados: se legalizan actividades que de cierta manera ocurrían en el mercado informal, se flexibilizan las opciones legales para el traspaso de la vivienda que hasta el 9 de noviembre contaba solamente con la alternativa de la permuta, podrá tener, además, un efecto multiplicador tanto interno como externo, ya que pudiera incentivar la construcción y reparación de los inmuebles con recursos privados, sin la intervención del Estado y ello podría estimular un mayor flujo y redirección de las remesas ya que una porción creciente de las mismas podría estar dirigidas a financiar ese esfuerzo constructor. También se estimularía el surgimiento o crecimiento de oficios y especialidades vinculadas a las transacciones de viviendas como el tasador y el agente de bienes raíces.
Sin embargo, el efecto de las nuevas regulaciones en la solución de la vivienda en Cuba será bien limitado, ya que las modalidades de traspaso autorizadas operarían en un mercado con una oferta bien reducida y una demanda abrumadoramente insatisfecha. Según estimados, la escasez de vivienda supera la cifra de 1 millón de unidades y en este contexto no es descabellado pensar que ante la atracción de obtener recursos financieros en divisas, algunas familias decidan vender su propiedad para irse a vivir con parientes o amigos, incrementando el nivel de hacinamiento existente en los hogares, sobre todo en las áreas urbanas.
La medida adoptada tendría un efecto real sobre la solución de la crisis de vivienda en Cuba si fuera acompañada de todo un esquema económico y administrativo que propicie la construcción masiva de viviendas tanto estatalmente como por medios privados.
